En Puerto Banús, el incremento impuesto por la Administración autonómica elevó la factura anual de 100.000 a un millón de euros
26.06.12
La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, Marinas de Andalucía, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra la exconsejera de Obras Públicas; la exdirectora gerente de la APPA, Montserrat Badía; Sergio Moreno, director de la APPA desde 2010; y el viceconsejero José Salgueiro, según la documentación, a la que ha tenido acceso SUR.
Los responsables de estas instalaciones, entre las que se encuentran los puertos deportivos de Marbella, Estepona y Puerto Banús, han defendido desde el principio la “ilegalidad” de la aplicación del incremento de los pagos, que ha supuesto una subida en la factura de entre el 20% y el 5.000%. En el caso de Puerto Banús, se ha pasado de pagar 100.000 euros a un millón de euros al año. El Puerto Deportivo de Marbella abona ahora 425.000 euros, frente a los 6.000 euros del año 2004.
“No nos queda más remedio que ir abonando, pero el procedimiento que venimos aplicando cada puerto es pagar y recurrir después”, explicó Martín. En mitad de esa batalla, los responsables de los recintos portuarios privados han tenido conocimiento de la existencia de un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Junta que indica que a aquellos puertos que en su día fueron transferidos del Estado a la Comunidad Autónoma no se les puede aplicar la legislación andaluza, según detalló Martín. “Hemos conocido ese informe a raíz de otro asunto. Está claro que toda esta información la tenían los responsables políticos y nos la han estado ocultando. Creemos que estamos ante un delito de prevaricación”, sostiene.
Junto a este informe, una sentencia del TSJA da igualmente la razón a estos empresarios afirmando que el Decreto de la Junta no es de aplicación para los puertos transferidos, sino para las nuevas concesiones que otorgue la Administración regional.
El colectivo entiende además que la Junta de Andalucía aprobó “como revisiones de canon lo que en realidad eran modificaciones concesionales en perjuicio de los puertos deportivos en régimen de concesión, lo que ha disparado las cuantías a las que deben hacer frente”.
Por todo ello, cada uno de los puertos afectados ha presentado ante el Contencioso Administrativo un nuevo recurso “extraordinario” solicitando la “nulidad de todo lo actuado desde 2005 hasta ahora”, o lo que es lo mismo, que la tarifa del canon vuelve a ser la que era entonces, y además se les devuelva todo lo abonado en esos años con la aplicación de la subida.
Desde la asociación, que representa al 90% de los puertos privados andaluces y a más del 60% de todos los atraques en esta comunidad, se defiende que la situación en la que han quedado algunos puertos es “muy difícil”. Según José Carlos Martín, “solo nos queda la vía penal para defendernos de este acoso por parte de la Administración, que está mermando todo un potencial turístico y económico para Andalucía”.
Asimismo sostienen que hay recintos portuarios que actualmente tienen unos ingresos brutos anuales inferiores al canon que tienen que pagarle a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Los puertos privados andaluces mantienen una ocupación media del 60 por ciento, en niveles similares a los dos últimos años, según el dato aportado por el presidente de Marinas de Andalucía, quien incidió en el creciente abandono de embarcaciones por parte de propietarios que ya no pueden permitirse el pago del atraque. “No es que esté ocurriendo a diario, pero está claro que la crisis va dejando cadáveres”, afirmó.
SBC-diariosur.es
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