Las necesidades financieras públicas están provocando que las comunidades autónomas agilicen la tramitación de los concursos para la construcción o explotación de puertos y dársenas deportivas
10/10/2012
La privatización de la gestión de la náutica permite poner capital privado a disposición de un interés público -promoción deportiva, económica, incremento de oferta turística-, capital privado que es aportado por los socios de clubs náuticos o entidades mercantiles. Además, ofrece la oportunidad de renovación y mejora de las instalaciones náutico deportivas. Por último, facilita un incremento de ingresos por vía de tasas y cánones concesionales en las arcas públicas y un ahorro de estructuras administrativas.
Conjugar intereses no es tarea fácil. El riesgo aparece cuando la Administración da prioridad al incremento de ingresos públicos. A título de ejemplo, la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario de la comunidad autónoma de Murcia pretende provocar un grave incremento de las tasas portuarias. La ley prevé el cambio de la base imponible y la valoración del agua abrigada dándole el mismo valor que la zona de tierra, a diferencia de la legislación derogada que le daba una valoración del 20 % del valor de superficie de tierra.
No satisfechos con el incremento de la fiscalidad, Murcia ha pretendido, en los dos últimos concursos, el cobro anticipado del total canon que se devengaría durante todo el periodo concesional. Una petición que va en detrimento del esfuerzo que ha de destinarse a la mejora de las instalaciones, promoción deportiva, económica, y oferta turística.
De una lectura profunda de las bases de ambos concursos, éstas incluyen una operación de financiación que la Administración impone al concesionario vía cobro anticipado del canon; y muchos de los condicionantes económicos vienen señalados por las necesidades económicas de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los estudios económicos deberían ser sensibles: a la realidad económica que está viviendo el sector; a qué tipo de usuario pretende dirigir el uso de las instalaciones; si la tipología de amarres es acorde con la finalidad social que se pretende; a qué opciones se presentan si los usuarios actuales no pueden hacer frente a las propuestas económicas y, quién va a sustituir la actual demanda.
Las pretensiones económicas de la Consejería de Economía unido a la ralentización económica provoca que los pliegos de los concursos para la construcción de puertos erren en las previsiones y queden desiertos. El último ejemplo son los concursos de instalaciones de Mar de Cristal e Islas Menores.
SBC-nauta360
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