Los puertos deportivos andaluces se querellan contra la Junta
 
La denuncia afecta a directores gerentes, letrados jefes y cargos superiores del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo portuario
 
15/03/2012

Marinas andalucía
Las tensiones mantenidas en los últimos años entre los puertos deportivos andaluces y el Gobierno de la comunidad ha culminado finalmente con la interposición, por parte de los primeros, de una querella criminal contra responsables de la Consejería de Obras Públicas y de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), a las que acusan de prevaricación y exacción ilegal. La denuncia afecta a directores gerentes, letrados jefes y cargos superiores del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo portuario.
 
Marinas andalucia querella
En concreto, y según han informado desde la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía “Marinas de Andalucía” -que representa al 90 por ciento de los puertos deportivos y al 60 por ciento del total de atraques-, la decisión de emprender acciones legales contra el Ejecutivo es consecuencia de la difusión, por parte de la Administración, de que en 2018 “se cumpliría el plazo, de forma anticipada, de las concesiones de construcción y explotación de los puertos deportivos”, tal y como adelantó recientemente el presidente de la patronal, José Carlos Martín, quien atribuyó este hecho a la interpretación “errónea” de una disposición transitoria de un reglamento de la Ley de Costas. Martín calificó como “muy grave” dicha “amenaza”, ya que creó inseguridad jurídica en un momento de bonanza económica y “rompió el flujo de aquellos que querían optar a un puesto de atraque”.
 
Junto a ello, Marinas de Andalucía considera que los demandados han incurrido en “desviación de poder y fraude de ley” al aprobar en el año 2006 como revisiones de canon lo que “en realidad eran modificaciones concesionales en perjuicio de los puertos deportivos en régimen de concesión”.
 
En declaraciones previas, Martín insistió en la necesidad de revisar a la baja los cánones actuales para evitar la “quiebra técnica” de determinadas instalaciones, ya que según explicó, la actual coyuntura económica ha propiciado una caída de la facturación en torno al 50 por ciento y una reducción de la ocupación del 30. Los cánones actuales rondan entre los 400.000 y el millón de euros.


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