La ley de puertos enfrenta a los partidos catalanes por el recorte de competencias
 
El PSC asegura que los gobiernos territoriales mantienen el control de las autoridades portuarias, CIU y ERC denuncian que la reforma supone una "Loapa involucionista"

20/05/2010
 
El Congreso ha aprobado, con los votos del PSOE y PP y el rechazo del resto de grupos, la nueva ley estatal de puertos, tras una compleja tramitación de más de dos años que ha enfrentado a los partidos catalanes por la supuesta pérdida de competencias autonómicas en favor del Gobierno central.
 
La modificación legislativa se adapta al plan de ajuste presupuestario del Ejecutivo y, en el caso de Catalunya, reduce de 25 a 15 el número de miembros de los consejos de administración de las autoridades portuarias. Este recorte supone un primer punto de conflicto, ya que CiU y ERC consideran que se ha aprovechado el plan de racionalización de la administración pública para aumentar el poder del Estado.
 
Según indicó el diputado de la federación, Pere Macias, la Generalitat es quién sufre proporcionalmente una mayor disminución de cargos, ya que pasa de nombrar 11 a solo 5, lo que calificó de "involución centralista". Esta afirmación fue rebatida por el coordinador de los diputados y senadores del PSC, Francesc Vallès, que recordó que Catalunya sigue teniendo mayoría en los consejos de administración, ya que a los 5 de la Generalitat se unen los 6 que nombran las corporaciones locales. "La suma final es de 11 representantes autonómicos por 4 del Estado, la administración minoritaria. Ya nos gustaría disponer de esa proporcionalidad en el aeropuerto de Barcelona", indicó.
 
El PSC logró evitar la semana pasada, cuando se debatió la ley en comisión parlamentaria, un acuerdo entre el PSOE y el PP que permitía al Ministerio de Fomento cesar al presidente de la autoridad portuaria, nombrado por los gobiernos autonómicos.
 
 
Actividades delictivas
 
Fuentes socialistas explicaron que el objetivo de esta medida, promovida personalmente por el ministro, José Blanco, era el de impedir actuaciones negligentes e incluso delictivas que se han detectado en los últimos años en algunos puertos españoles. Sin embargo, esa nueva potestad sí que invadía, en opinión del PSC, las competencias autonómicas, por lo que presionaron para que se retirase la enmienda transaccionada con el PP. Esta no se votó ayer en el Congreso, pero se debatirá de nuevo en el próximo trámite de la ley en el Senado.
 
Vallès, aseguró que, una vez eliminada esa enmienda, la ley es positiva para los intereses catalanes, ya que "favorece la autonomía de los puertos" al poder fijar estos sus propias tarifas, que hasta ahora eran comunes en todo el Estado. También se garantiza, según el diputado socialista, que puedan ser "más eficientes y competitivos". Como ejemplo destacó la liberalización del sector de carga y descarga de los barcos, tras intensas negociaciones con los representantes de los estibadores, lo que según su opinión, "abaratará los costes".
 
Rechazo de CiU
 
Macias se expresó en términos totalmente opuestos y afirmó que la ley es una "auténtica Loapa portuaria premeditada y gravísima", que "hurta" competencias autonómicas y reduce "drásticamente" la capacidad de decisión de los gobiernos territoriales "en todos los procedimientos posibles". Macias denunció que el nuevo sistema de tasas grava y perjudica especialmente a los puertos de Barcelona y Tarragona, lo que afectará a su "competitividad".
 
El diputado de CiU puso como ejemplo que el Estado tendrá la posibilidad de vetar obras en el ámbito territorial de los puertos. "Para asfaltar un muelle se se tendrá que pedir permiso a Madrid", dijo. En la misma línea, Macias indicó que Fomento tendrá "derecho de veto" y, por lo tanto, "mandará más que los presidentes de las autoridades portuarias".
 
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, fue también especialmente duro en sus críticas a una ley que, según dijo, “desconfigura totalmente el texto original”. “El PSOE y el PP han negociado de espaldas a esta cámara y han cerrado un pacto totalmente excluyente y dudosamente democrático”, añadió. Según Ridao, la nueva norma es “rabiosamente centralista, regresiva y privatizadora” y responde a un “modelo radial en el que todo empieza y acaba en Madrid”. El parlamentario republicano comparó el acuerdo entre los dos principales partidos de la cámara con el pacto de gobierno en Euskadi y el de la reestructuración del mercado de las cajas de ahorro.

SBC / El Periódico de Catalunya

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