Las consecuencias en Baleares de las ofertas desorbitadas y los cánones excesivos

La APB presenta un agujero de 10 millones de euros fruto del impago del lobby de Díaz Ferrán que ganaba los concursos al ofertar cánones e inversiones irreales

Debido al amaño de los concursos y a la posterior crisis económica, algunas empresas que explotan instalaciones portuarias han tenido que renunciar al no poder pagar el canon

Agosto/2012

Baleares APB not
Se han acabado los favoritismos para las concesiones portuarias que fueron acaparadas por el lobby de Gerardo Díaz Ferrán y Juan Antonio Riutort, que han provocado un agujero de más de 10 millones de euros en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Después de las ventajas y miramientos de los que disfrutó este lobby durante los mandatos de Joan Verger (PP) y Francesc Triay (PSIB), ahora ha llegado a la Autoridad Portuaria el oficial de la Armada José María Urrutia, quien ha decido poner orden y llevar los impagos a la vía ejecutiva.

Las empresas ligadas al grupo empresarial que presidía el también exdirigente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario mallorquín Juan Antonio Riutort consiguieron las concesiones a base de presentar las ofertas más altas en el pago del canon anual y en los proyectos de inversión. Con sus ofertas, a veces desorbitadas, fueron dejando en la cuneta sistemáticamente a los demás aspirantes pero al no pagar todo el dinero comprometido, el resultado ha sido ruinoso para los intereses públicos.

Un denominador común de las tres concesionarias más endeudadas con la Autoridad Portuaria es que las tres han sido objeto de investigación judicial por presunto amaño y alteración de los concursos en el marco de la Operación Mar Blau.

Un asunto que impulsa la Fiscalía Anticorrupción y la Policía y que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma. El aplazamiento del pago de la deuda a la empresa de Díaz Ferrán se produjo precisamente en plena investigación judicial. Las deudas de estas sociedades representan el 75% del total que acumulan un centenar de concesionarios. Urrutia afirma que se está tratando de llegar a un acuerdo con todos ellos para aplazar las deudas pero que al final todos deberán pagar.

Debido a la crisis económica algunas empresas que explotan instalaciones portuarias han tenido que renunciar al no poder pagar el canon. Por citar un ejemplo, uno de ellos es el adjudicatario de un restaurante en Can Barbarà, que ni siquiera ha llegado a hacerse cargo del negocio. Otro caso está en Mahón, donde la APB ha aceptado la renuncia del concesionario de los amarres de una de sus riberas.


SBC- El Mundo

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